Precandidatos, dirigentes políticos y estudiantes que engrosaron la marcha multicolor que recorrió el centro de Caracas en defensa del derecho a elegir, coincidieron en que la Sala Constitucional del TSJ tiene la oportunidad de reivindicar la justicia (Foto Cheo Pacheco)
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Sólo tres estudiantes lograron llegar hasta el Tribunal para entregar documento
VIVIAN CASTILLO
EL UNIVERSAL
Dar respuesta a una serie de recursos introducidos en contra de las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General de la República exigieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) partidos políticos de oposición, organizaciones civiles y el movimiento estudiantil, quienes ayer se acercaron a la sede del ente rector del Poder Judicial después de marchar desde Plaza Venezuela.
Cerca de las tres de la tarde la manifestación llegó a la esquina del Cuartel San Carlos donde fue detenida por un cordón de la Policía Metropolitana. Allí, desde una pequeña tarima rodante dispuesta por los organizadores, algunos de los que han sido objeto de sanción por parte de la Contraloría, se dirigieron a los asistentes para instarles a mantener la lucha por el derecho a elegir y ser elegido.
"El contralor se ha convertido en un traficante del poder, no está haciendo su trabajo con respeto a la Constitución por lo cual le exigimos al TSJ que respete el Estado de Derecho y que dé la posibilidad de que sea el pueblo el que decida la suerte de estos candidatos", dijo el alcalde de Chacao, Leopoldo López.
También Luis Lippa, aspirante a la Gobernación del estado Apure, tomo la palabra para exhortar al Gobierno a que respete el texto fundamental, "que se administre correctamente la justicia" y se les permita participar en el evento electoral del 23 noviembre.
Asimismo David Uzcátegui, candidato a la Alcaldía de Baruta, rechazó la sanción que podría violentar su derecho a ser escogido en los próximos comicios e indicó que todavía en Venezuela no hay inhabilitados, sino "amenazados de quedar ilegalmente inhabilitados".
Uzcategui, López y Lippa formaron junto a Antonio Barreto Cira, William Méndez y 5 representantes del movimiento estudiantil la comisión encargada traspasar las barreras de seguridad para entregar el documento.
A pesar de ello sólo los estudiantes: Freddy Guevara, Juan Mejía y Luis Pizarro lograron sobrepasar los cercos -de la PM y la Guardia Nacional- y entregaron la misiva a un alguacil designado por la directiva del TSJ para recibirla.
Mónica Fernández, integrante de la organización Foro Penal Venezolano, explicó que el documento contiene "un reclamo jurídico político y expone al TSJ el que no tiene una alternativa distinta a declarar conforme a la Constitución la inconstitucionalidad de las inhabilitaciones".
Durante la marcha, que partió a las 12:30 del mediodía, tras una concentración de más de 2 horas en Plaza Venezuela, varios dirigentes políticos se pronunciaron acerca de las sanciones impuestas por el contralor.
Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y aspirante a la Alcaldía de Maracaibo, instó al presidente de la República, Hugo Chávez, a asumir su responsabilidad ante el pueblo y reconocer que fue él quien ordenó a Russián "quitar del camino" a los líderes de la oposición que más chance tienen para las elecciones del 23 de noviembre.
"El contralor es el brazo ejecutor de Chávez. Chávez es un cobarde y no asume su responsabilidad", dijo Rosales desde Caracas.
El dirigente de Copei Partido Popular, Luis IgnacioPlanas, exhortó al Tribunal Supremo a restituir el orden constitucional que está en vilo con el caso de las inhabilitaciones que ha impuesto la Contraloría General de la República, y que pretenden impedir la participación en las elecciones regionales de casi 300 personas, cuando está claro que una medida de este tipo sólo puede ser efectiva si existe una sentencia firme".
Por su parte Marisabel Rodríguez, ex primera dama de la República y aspirante a la Alcaldía de Barquisimeto, llamó a los venezolanos a mantenerse en las calles para defender su derecho a elegir.
Oscar Pérez, del Comando Nacional de la Resistencia (CNR) y organizador de la actividad, se refirió a las declaraciones de la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, el pasado viernes cuando señaló que el organismo no recibiría presiones del pueblo ni de una marcha como "muy graves" sobre todo viniendo de un gobierno que asegura que en la revolución el pueblo es el protagonista.
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EL UNIVERSAL
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Cerca de las tres de la tarde la manifestación llegó a la esquina del Cuartel San Carlos donde fue detenida por un cordón de la Policía Metropolitana. Allí, desde una pequeña tarima rodante dispuesta por los organizadores, algunos de los que han sido objeto de sanción por parte de la Contraloría, se dirigieron a los asistentes para instarles a mantener la lucha por el derecho a elegir y ser elegido.
"El contralor se ha convertido en un traficante del poder, no está haciendo su trabajo con respeto a la Constitución por lo cual le exigimos al TSJ que respete el Estado de Derecho y que dé la posibilidad de que sea el pueblo el que decida la suerte de estos candidatos", dijo el alcalde de Chacao, Leopoldo López.
También Luis Lippa, aspirante a la Gobernación del estado Apure, tomo la palabra para exhortar al Gobierno a que respete el texto fundamental, "que se administre correctamente la justicia" y se les permita participar en el evento electoral del 23 noviembre.
Asimismo David Uzcátegui, candidato a la Alcaldía de Baruta, rechazó la sanción que podría violentar su derecho a ser escogido en los próximos comicios e indicó que todavía en Venezuela no hay inhabilitados, sino "amenazados de quedar ilegalmente inhabilitados".
Uzcategui, López y Lippa formaron junto a Antonio Barreto Cira, William Méndez y 5 representantes del movimiento estudiantil la comisión encargada traspasar las barreras de seguridad para entregar el documento.
A pesar de ello sólo los estudiantes: Freddy Guevara, Juan Mejía y Luis Pizarro lograron sobrepasar los cercos -de la PM y la Guardia Nacional- y entregaron la misiva a un alguacil designado por la directiva del TSJ para recibirla.
Mónica Fernández, integrante de la organización Foro Penal Venezolano, explicó que el documento contiene "un reclamo jurídico político y expone al TSJ el que no tiene una alternativa distinta a declarar conforme a la Constitución la inconstitucionalidad de las inhabilitaciones".
Durante la marcha, que partió a las 12:30 del mediodía, tras una concentración de más de 2 horas en Plaza Venezuela, varios dirigentes políticos se pronunciaron acerca de las sanciones impuestas por el contralor.
Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y aspirante a la Alcaldía de Maracaibo, instó al presidente de la República, Hugo Chávez, a asumir su responsabilidad ante el pueblo y reconocer que fue él quien ordenó a Russián "quitar del camino" a los líderes de la oposición que más chance tienen para las elecciones del 23 de noviembre.
"El contralor es el brazo ejecutor de Chávez. Chávez es un cobarde y no asume su responsabilidad", dijo Rosales desde Caracas.
El dirigente de Copei Partido Popular, Luis IgnacioPlanas, exhortó al Tribunal Supremo a restituir el orden constitucional que está en vilo con el caso de las inhabilitaciones que ha impuesto la Contraloría General de la República, y que pretenden impedir la participación en las elecciones regionales de casi 300 personas, cuando está claro que una medida de este tipo sólo puede ser efectiva si existe una sentencia firme".
Por su parte Marisabel Rodríguez, ex primera dama de la República y aspirante a la Alcaldía de Barquisimeto, llamó a los venezolanos a mantenerse en las calles para defender su derecho a elegir.
Oscar Pérez, del Comando Nacional de la Resistencia (CNR) y organizador de la actividad, se refirió a las declaraciones de la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, el pasado viernes cuando señaló que el organismo no recibiría presiones del pueblo ni de una marcha como "muy graves" sobre todo viniendo de un gobierno que asegura que en la revolución el pueblo es el protagonista.
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