Fernando Ochoa Antich // A mis compañeros de armas

Estoy convencido que Hugo Chávez quiere provocar una crisis institucional que le permita suspender las elecciones de noviembre. Los venezolanos ya tenemos experiencia. El referendo revocatorio lo tenía perdido. Buscó todo tipo de estratagemas para retrasar su realización. Sólo lo permitió, al estar completamente seguro que las misiones habían hecho efecto en el sentimiento popular. Esta afirmación no la hago a la ligera. El acto de graduación de oficiales de este año realizado en la Escuela Naval fue una verdadera bofetada a los numerosos oficiales institucionalistas que todavía subsisten en la Fuerza Armada Nacional. Modificar el tradicional juramento, que han realizado los oficiales por más de ochenta años, para obligarlos a comprometerse a defender la revolución y el socialismo es una provocación que no tiene fácil explicación. Si a este hecho le añadimos el problema de las inhabilitaciones de un número importante de candidatos de la oposición, usted empieza a darse cuenta de la maniobra preparada por el chavismo para evitar su derrota.
Los oficiales institucionalistas de la Fuerza Armada deben reflexionar sobre esta maniobra. También los militares tenemos experiencia. Hugo Chávez provocó los acontecimientos del 11 de abril de 2002 con el objeto de purgar a la Fuerza Armada. Esa es la verdad. Él tenía que conocer el descontento militar existente para ese momento. Era público que ese malestar había empezado a generar un ambiente propicio para organizar una conspiración. En la Armada se habían iniciado reuniones con esta finalidad. La destitución de una manera pública y vergonzosa de los más calificados gerentes de PDVSA abrió la crisis política, que con facilidad penetró en la Fuerza Armada. Eso lo esperaba Hugo Chávez. Lo que lo sorprendió fue el número tan importante de altos oficiales, muy cercanos a su persona, que saltaron de inmediato la talanquera. Si no hubiese sido por la equivocada posición del general Baduel y la anarquía que surgió en los mandos militares, Hugo Chávez estaría en el exilio. Esa historia no es fácil de repetir. No hay que caer de nuevo en provocaciones.
Es verdad que el descontento en la Fuerza Armada debe estar alcanzando niveles insostenibles. Sólo con recordar la lamentable intervención del general Gustavo Rangel Briceño, ministro de la Defensa, al llamar "burros y cobardes a los oficiales institucionalistas", deja ver la gravedad de lo que ocurre. Si a estas ofensivas palabras se le agrega el señalamiento que hizo Hugo Chávez, en su intervención el 24 de junio en el desfile en el campo de Carabobo, al afirmar que él tenía penetrado a los grupos de oficiales que se estaban reuniendo para conspirar, veo aun con más claridad lo que realmente busca. Provocar y asustar. Si es verdad, lo que dijo Hugo Chávez, esos grupos de oficiales que se están reuniendo para conspirar, al sentirse descubiertos pueden adelantar el intento insurreccional. Ese adelanto lo más seguro conduce al fracaso, pero crea la crisis institucional que, con desespero, está buscando Hugo Chávez.
El camino insurreccional no es, en este momento, recomendable. Los venezolanos nos preparamos para asistir a unas elecciones de suma importancia. Hugo Chávez será derrotado. La oposición se presentará unida en la mayoría de las gobernaciones y alcaldías. El deterioro del gobierno es una realidad. La posición de la Fuerza Armada debe ser sólo una: hacer respetar el resultado electoral. Ese resultado se defiende al cumplir cabalmente sus funciones dentro del Plan República, generar la confianza necesaria en los votantes e impedir las posibles triquiñuelas del gobierno durante los escrutinios. Esa es una posición institucional que no puede ser criticada por nadie. Después de la derrota, las circunstancias serán diferentes. El exagerado poder que tiene actualmente Hugo Chávez dejará de existir. Los mandos militares empezarán a entender que su gobierno tiene los días contados y, además, recordarán que el ejercicio del mando genera responsabilidades personales si se realiza fuera del marco establecido en la Constitución y leyes de la República.
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