MANIFIESTO CONTRA LAS INHABILITACIONES

G 400+ de Venezuela
Jueves, 3 de julio de 2008
El G 400+ denuncia ante el país y ante la comunidad internacional la perversa e ilegal maniobra promovida por el régimen de Hugo Chávez para privar a un grupo considerable de ciudadanos venezolanos de su derecho constitucional a postularse como candidatos en los comicios regionales que tendrán lugar el próximo 23 de noviembre, valiéndose de la incondicional connivencia del Contralor General de la República (Clodosbaldo Russián) y de la Asamblea Nacional.
En efecto, la medida de inhabilitación dictada por el Contralor, aplaudida públicamente por el propio Hugo Chávez, es violatoria de los artículos 42 y 65 de la Constitución Nacional que establecen, respectivamente, que: el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos en que determine la ley y que solamente pueden ser privados de su derecho a optar a algún cargo de elección popular los funcionarios condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
Adicionalmente, las inhabilitaciones son violatorias de obligaciones internacionales contraídas por el Estado venezolano en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José- (Artículo 23), y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 25).
La inhabilitación política es una sanción extrema que procede únicamente mediante una sentencia judicial firme. En este contexto creemos importante citar la opinión del prestigioso jurista venezolano, Doctor Alberto Arteaga, en su artículo "Inhabilitación política" publicado en el Diario El Universal en su edición del miércoles 1º. de abril de 2008, "La inhabilitación política, como sanción, para cargos de elección popular, supone un proceso penal previo, una sentencia condenatoria firme y la determinación precisa que haga el juez, en su decisión, no siendo, en absoluto, competencia del contralor general de la República establecer esta inhabilidad, por lo cual ese acto es nulo y no puede producir, por ello, efecto alguno, por ser violatorio de derechos consagrados en el texto constitucional".
Es evidente que lo que pretende el régimen es inhabilitar a los más destacados dirigentes políticos de la oposición que cuentan con el mayor respaldo popular para ser elegidos en noviembre. Para impedirlo el oficialismo está dispuesto a violar la Constitución. Tal despropósito configura una discriminación comparable con el odioso régimen de Apartheid que practicó el gobierno de la entonces República de Sud-África para despojar a la población de color de sus legítimos derechos ciudadanos.
La naturaleza discriminatoria de la medida se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que elementos del oficialismo inhabilitados por el Contralor desde el año 2001, fueron postulados, participaron en procesos electorales posteriores y algunos resultaron electos encontrándose en pleno ejercicio de sus funciones.
El G 400+ hace un llamado a la comunidad internacional, fundamentalmente a la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea para que exijan al ciudadano Presidente de la República de Venezuela para que ordene al Contralor General que desista de las medidas anti-constitucionales de inhabilitación, o que instruya al Consejo Nacional Electoral que desestime las medidas de inhabilitación o que intervenga ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie, a la brevedad posible, restableciendo la plena supremacía de la Carta Magna sobre normas de rango inferior, como es el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, sobre el cual pretende el Contralor Russián fundamentar sus arbitrarias medidas animadas exclusivamente en su despropósito de complacer a un régimen temeroso ante el próximo proceso electoral.
9232513 -Venezuela analítica