Asdrúbal Aguiar // ¡La ley soy yo!

Ningún país medianamente civilizado podría digerir tanta intoxicación legislativa a la vez
No me sorprende, pues han sido proverbiales sus golpes a la Constitución, el paquete de leyes sancionado recién por Hugo Chávez en uso de su tercera habilitación desde 1999; que fuera dispuesta, cabe observarlo, para la construcción del socialismo retrógrado y antidemocrático que dio origen al rechazo de la reforma constitucional en 2007.
No me escandaliza tampoco su decisión de comprar el Banco de Venezuela al Grupo Santander, con dineros públicos que mejor deberían utilizarse para atender la pobreza que agobia a las mayorías de nuestro país. Y es que el Presidente, en efecto, sólo sigue haciendo buena su máxima de 2001: ¡La ley soy yo, el Estado soy yo!
En todo caso, en cuanto a las leyes habrá que leerlas en sus líneas y entrelíneas una vez salgan de su escondite. Por lo pronto son 27 -no las 26 que anuncia la Gaceta Oficial- las fraguadas entre gallos y media noche, en repetición de la experiencia de 2002 que dio lugar a una huelga general.
Nauseas provoca, eso sí, que la Sala Constitucional -el último reducto para la salvaguardia del Estado de Derecho- conociera de dichas leyes -las de carácter orgánico- apenas una semana antes de vencerse la habilitación presidencial y al rompe les otorgase su ucase, con rapidez digna de mejores causas: como la relativa a las inconstitucionales inhabilitaciones políticas de los candidatos opositores a las elecciones de diciembre. Ello muestra, en carne viva, la realidad institucional que nos acompaña y que mal puede seguirse disfrazando de democracia: el Jefe del Estado legisla en defecto de un parlamento de eunucos y éste apenas se reúne para rendirle culto al primero, en tanto que el Tribunal Supremo funge como escribanía sumisa del Palacio. Nada más.
La Gaceta Oficial da cuenta, reenviando a ediciones posteriores, de la sanción al unísono de leyes sobre Turismo, Transporte Ferroviario, Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Vivienda y Hábitat, Acceso a los Bienes y Servicios, Espacios Acuáticos, creación del Fondo Social para los Recursos Excedentarios de la Administración Pública, Salud Agrícola, Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, reforma del Banco de Desarrollo Económico y Social, Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y demás Unidades de Producción Social, Supresión y Liquidación del Fondo de Crédito Industrial, Administración Pública, reestructuración del Inavi, crédito para el Sector Agrario, Vías de Navegación, Administración Financiera del Sector Público, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pago de las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, el Banco Agrícola de Venezuela, reforma del Sistema de Seguridad Social, simplificación de Trámites Administrativos, reforma del Seguro Social, reforma de la Procuraduría General de la República, reforma de los bancos y otras instituciones financieras, y ordenación y desarrollo del Territorio; última ley, ésta, a la que Luisa Estela Morales, presidenta del TSJ, le dio su visto bueno el pasado 31 de julio sin que nadie lo supiese sino ella y sus colegas y que cristaliza la nueva "geometría del poder" que fuera nutriente de la fallida reforma constitucional.
Ningún país medianamente civilizado podría digerir tanta intoxicación legislativa a la vez y sin sustento constitucional, a pesar de los dicta de la juez Morales. Y ninguna democracia que se precie de tal podría admitir que se aprueben leyes fuera de los odres parlamentarios cuando inciden, como ocurre con las de marras, sobre los derechos y garantías constitucionales del individuo, incluido el derecho a la información y a su acceso por el público.
Cabe observar en serio, aquí sí y para prevenir sobre desengaños y los espejismos de quienes, aún afectos a la revolución se separaran coyunturalmente de ésta para sumarse al repudio del socialismo del siglo XXI, que lo ocurrido trasunta algo más grave que la tozudez presidencial. Es, en lo puntual, el acentuado desprecio que anida en el primer mandatario acerca de los venezolanos y de nuestro derecho a participar, democráticamente, en las decisiones que afectan al destino de todos. De donde no es tremendismo afirmar que el mismo perdió su legitimidad de gobernante, así continúe ocupando la casona de Misia Jacinta como una suerte de invasor de casa ajena.
Lo del Banco de Venezuela, de consiguiente, es una menudencia ante lo dicho. Pero es una tropelía de riesgo alto, que por un sino de nuestra historia recrea el tiempo de Cipriano Castro, El Cabito, quien a principios del siglo XX también tuvo su desencuentro con este Banco y sus propietarios de entonces. Pero el hecho, cabe recordarlo ahora, marcó el principio del fin de ese gobierno que -al igual que el de ahora- nos enemistó con todas las naciones de la tierra.
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